Los medios de comunicación en la escena política
Miriam Estrada
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“La televisión no tiene la facultad de gobernar, legislar, juzgar, mandar batallones, pero tiene un poder acaso más preciado: la atención de millones de personas”, advirtió hace unos años Enrique Krauze al cuestionar si era viable y conveniente que el poder de la televisión se delimitara para evitar que actuara en contra de la sociedad.
La llegada de los nuevos medios y herramientas tecnológicas a los grandes medios de comunicación parece abrirles nuevas oportunidades para consolidar su influencia en la sociedad, y en muchos casos para ostentar el poder .
La interrogante de Krauze parece que aún no tiene una respuesta concreta, ya que de haberla tendría que emanar de los propios concesionarios de los medios electrónicos y eso no ocurrirá; al menos, eso parece quedar claro tras el debate generado por la reforma a la Ley General de Radio y Televisión e incluso la de materia electoral hace unos años.
Como bien lo advertía Krauze en 2007:
"En México, los debates pueden ser una gran escuela de tolerancia y civilidad. Lo cual lleva a la zona más delicada del poder de la televisión: su relación con el poder político”.
Y es que desde los años 20, y posteriormente con la inauguración de la radiodifusora XEW, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta, nació una nueva figura que en el transcurso de los siguientes años cobraría una gran relevancia. A la inicial magia de la televisión como medio de entretenimiento siguió la lucha por captar la atención de la audiencia, y posteriormente la pugna porque esa audiencia actuara a conveniencia de sectores específicos.
En varias épocas se ha debatido la necesidad de legislar para que los medios de comunicación ejerzan su función dentro de la legalidad sin menoscabo de la libertad de expresión; no obstante, no ha sido una tarea sencilla, ya que la relación entre los medios de comunicación electrónicos y el poder siempre ha sido estrecha, y cualquier intento de legislación no ha estado exento de disputas y desacuerdos.
En el periodo 2008-2010, tras la aprobación de la controvertida Ley Televisa en 2006, y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar atrás apartados excesivos que sólo privilegiaban los intereses de los concesionarios, se desarrollaron propuestas para su reforma. Sin embargo, como lo documenta Tonatiuh Lay en “Legislación de medios y poderes fácticos en México, 2000-2012” entre dichas propuestas destacaron el dictamen Sotelo-Beltrones: “Que fusionaba la propuesta integral del grupo plural que el Senado había redactado en 2007, y la iniciativa de Manlio Fabio Beltrones (…) y la iniciativa Corral-Madero, que presentaba una propuesta de fusión de las actuales Ley Federal de Radio y TV y Ley Federal de Telecomunicaciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, como una propuesta progresista, inclusiva y democrática”.
Sin duda, los intereses político-electorales y económicos fueron el eje de discusión en ambas iniciativas; no obstante, mientras el denominado dictamen Sotelo-Beltrones era considerado regresivo y con el sospechoso aval de un sector de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), los estudiosos del tema abordaron el contraste con la de Corral-Madero, ya que esta pugnaba por procesos transparentes con la participación ciudadana por lo que no fue atacada por los concesionarios.
Sin embargo, por primera vez una legislación incluiría el derecho de la audiencia por lo que contó con el respaldo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y medio centenar de organizaciones civiles; además buscaba limitar los excesos de los concesionarios que habían demostrado actuar de forma perversa en contra de la democracia y el bien común.
Han sido claros los ejemplos de cómo un medio puede construir o destruir reputaciones con base en el manejo tendencioso de la información, aprovechando su capacidad de alcance entre las masas.
La pausa en la discusión de la iniciativa de reforma llevó a replantearse nuevamente la conveniencia o no de quitarle facultades al Estado, de abrir la participación ciudadana, y paradójicamente, al mismo tiempo la conveniencia de que cada vez más entes presumiblemente autónomos tengan injerencia en las decisiones del propio Estado, es decir, qué tanto las organizaciones civiles se manejan de forma independiente de los intereses específicos, ya sean los del propio Estado o de los poderes fácticos.
Parece ser que los hechos y el tiempo siguen confirmando la relación entre los poderosos medios de comunicación, los partidos políticos y los gobiernos en turno; por ello, más que nunca hace falta la vigilancia ciudadana, de forma realmente independiente.
Bibliografía
Lay Arellano, T. (2012) Legislación de medios y poderes fácticos en México, 2000-2012, Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual, México. Disponible en:
Krauze, E. (2007) El Poder de la Televisión, Personas e Ideas. Disponible en: http://www.enriquekrauze.com.mx/joomla/index.php/opinion/474-poder-television.html
Granados, M. (2010) Beltrones-Sotelo, Plaza Pública, El Siglo de Torreón. Disponible en: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/515909.beltrones-sotelo.html
(2010) Beltrones critica “desorden” en telecomunicaciones, El Economista. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/10/24/beltrones-critica-desorden-telecomunicaciones
Redacción, (2010) De Swaan desalentará inversión: Beltrones, El Universal. Disponible en:
Amedi. (2009) Posición de la AMEDI ante las reformas legales presentadas en el Senado. Disponible en: http://www.amedi.org.mx/posicion-de-la-amedi-ante-reformas-legales-presentadas-en-el-senado/
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