Ley Federal de Radio y Televisión


Reporte de investigación hemerográfica 
(Jalisco)


Compilación Miriam Estrada

En Morelos, la hemeroteca es prácticamente nueva por lo que se me informó que en sus archivos difícilmente se encuentra material anterior a 1980, la situación se agravó tras el sismo, ya que prácticamente se desmanteló al Instituto Estatal de Documentación Morelos.

A pesar de que la Hemeroteca Nacional Digital de México cuenta con una amplia compilación, la mayoría sólo está disponible en sus propias instalaciones ubicadas en la Ciudad de México. 

Esta situación, limitó las posibilidades de la investigación hemerográfica referente a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, ya que sólo se concretó la consulta del periódico El Informador (periódico de Guadalajara, Jalisco), en el periodo 1959 a 1960. 

Para ampliar el contexto consulté el libro “La Industria de la Radio y Televisión y la política del Estado Mexicano (1920-1960) de Fernando Mejía Barquera. 

Con base en la información obtenida, se refuerza que la intención del Estado en esa época se centró en el descubrimiento del impacto social y económico de la radio y la televisión como medios de difusión masivos, cuya relevancia requería la intervención del Estado para regularlos y mantenerlos a su favor. 

Fernando Mejía Barquera (1989) refiere que Miguel Alemán Valdés impulsó y motivó una política de apoyo irrestricto al desarrollo de la industria de la radiodifusión:

"Así, continuaron las exenciones fiscales, los permisos de libre importación de equipo y materiales para las empresas radiofónicas y la legislación favorable a las mismas. Estos beneficios se dirigieron, sobre todo, a las empresas de televisión que en esos años iniciaban su desarrollo". (p. 162) 

De acuerdo con el análisis de Mejía Barquera la intención de los empresarios era continuar este esquema en las administraciones subsecuentes, y si bien se consiguieron facilidades con Adolfo Ruiz Cortines, éste “mostró un mayor interés por aumentar la presencia del Estado como emisor y por reforzar la vigilancia acerca del contenido de las transmisiones” (p.163). Este, sería entonces, el germen que daría paso a la Ley de Radio y Televisión. 

Las escasas notas publicadas en 1959 y 1960 en El Informador respecto al tema no permiten tener un panorama claro del debate que, sin duda alguna, se desarrolló en la época, no obstante si acercan a los tópicos que interesaban a los legisladores y a los representantes gremiales. 

Parte de la resistencia gremial, en voz de diputados afines, se puede notar en este apartado: 

“J. Concepción Carrillo dijo que antes otorgarse una concesión para radio televisión se escuchara la opinión del Consejo Nacional” (El Informador, 1959). 

En la nota “Aprobaron la Ley de Radio y Televisión” publicada el 8 de diciembre, que no tiene rúbrica, el autor advierte que dichas modificaciones tienen como objetivo “ajustarlo más a la realidad mexicana” y apunta el papel de la sociedad, a través de los padres de familia, para preservar los valores. Este punto llamó mi atención, ya que coincide con el registro de Mejía Barquera (1989) en la intención del Estado por hacer corresponsable a la sociedad de las problemáticas y, de esa forma, obtener su colaboración con el Gobierno. 

En la información publicada se destaca la apertura para que ciudadanos y partidos políticos puedan utilizar el radio y la televisión y hacer propaganda. 

Quizá por el contexto y la línea editorial de El Informador, el seguimiento a la información se basa respecto a los temas morales, del debate respecto a los programas aptos o no para niños y jóvenes. 

Sin embargo, se revela el control que se busca imponer a los empresarios al debatirse la conveniencia de que cuando se retire una concesión no haya indemnización de por medio. Más tarde, el papel de los locutores y su responsabilidad en las expresiones que utilizan. 

Otro ejemplo es la actuación de la Secretaría de Educación Pública para determinar qué propaganda es o no inconveniente. 

A pesar de la escasez de fuentes de información puedo concluir que el Estado notó el poder en el que se había convertido la radio y la televisión y por ello buscó la forma de tenerlos a su favor.


Reporte hemerográfico



El 8 de diciembre de 1959, el tema respecto a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 aparece a dos columnas, en la primera plana de El Informador, con el título: “Aprobaron la Ley de Radio y Televisión”. 

“México, D.F.- El proyecto de Ley Federal de Radio y Televisión que redactó una comisión especial de legisladores, al cual la comisión que lo dictaminó le hizo importantes modificaciones a fin de ajustarlo más a la realidad mexicana, fue aprobado hoy en lo general por la Cámara de Diputados, aunque su discusión, artículo por artículo, se realizará mañana. 

No obstante que ningún diputado se registró para hablar contra el proyecto, se espera que el debate sea arduo y prolongado, señalándose que cuatro representantes populares de filiación panista se inscribieron para argumentar en pro y hablar en contra de las excelencias del proyecto. 

Entre los oradores que hoy hablaron figura la expresión de Esperanza Téllez Oropeza quien dijo: ‘Consideramos que esta ley no tendrá los resultados satisfactorios que se desean en relación con la moralidad si no se cuenta con la ayuda de los padres de familia por lo que se necesita que ellos contribuyan con su concurso espiritual y orientador a la moralización de la juventud, manteniendo armónicamente el vínculo familiar y vigilando que sus hijos vean ni escuchen programas que hayan sido previamente anunciados como inapropiados para niños y jóvenes’. 

Otro de los oradores señaló que en el dictamen se suprime la prohibición que contenía la iniciativa de los actos de propaganda política electoral, por lo que en lo sucesivo, los ciudadanos y los partidos políticos podrán hacer propaganda a través del radio y la televisión. 

Finalmente hablaron también el Lic. Moisés Ochoa Campos, el locutor Rubén Marín y Kal y el licenciado Guillermo Salas Armendariz, igualmente en apoyo del proyecto.” 

El 9 de diciembre de 1959, El Informador publica también a dos columnas y en primera plana el seguimiento a la publicación anterior con el título: “Moralización de la Televisión y Radio”. 

“México, D.F.- Se inició hoy en la Cámara de Diputados, para continuar mañana, la discusión en lo particular del proyecto de Ley Federal de Radio y Televisión, habiendo demostrado los representantes populares su preocupación porque esos medios de difusión se aparten de toda tendencia nociva y contribuyan a la elevación moral de la nación. 

El diputado José Pérez Moreno pugnó y obtuvo que en el artículo Quinto, en el que se define la función social de la radio y la televisión, se incluyera la palabra “moral” como uno de los valores que deben salvaguardarse. Posteriormente intervino de nuevo, aunque esta vez no logró su propósito, para que no se anunciara como inconvenientes ningunos programas radiofónicos y televisivos, porque ese anuncio previo además de provocar insana curiosidad de los niños y los adolescentes puede resultar inoperante. El diputado Moisés Ochoa Campos lo refutó diciendo que la ley no reconoce ni acepta programas inmorales, y que si se va a dar ese calificativo a toda transmisión no apta para menores, habría que hacer de la radio y la televisión actividades de carácter exclusivamente infantil. 

Adolfo Gándara Barona pidió que al definirse el dominio de la nación en el medio donde se propagan las ondas electromagnéticas, se analizara que debía tomarse en cuenta los acuerdos internacionales en esa materia, Guillermo Salas Armendariz demostró que ese requisito estaba ya previsto ya previsto en otro artículo de la ley. 

J. Concepción Carrillo dijo que antes otorgarse una concesión para radio televisión se escuchara la opinión del Consejo Nacional que crea la ley para vigilar la reglamentación de estos medios de propaganda, pero también se le demostró que el ordenamiento confiere a los interesados de hacerse escuchar previamente. 

Enrique Sada Braga propuso que cuando pasará al documento al dominio la nación por violaciones a la ley una estación difusora, se precisará que debía hacerse sin indemnización. También se aceptó lo anterior. Manuel Yáñez Ruiz se mostró muy activo en los debates y subió varias veces a la tribuna para expresar algunos conceptos. 

Ninguno de los diputados se pronunció contra el espíritu de la ley ni apuntó alguna objeción a fondo, todos estuvieron precisamente en pro del proyecto y sólo subieron para precisar las funciones de la radio y la televisión, así como la intervención del Estado en esta materia, pero siempre conforme a la intención de los autores de la iniciativa y de la Comisión Dictaminadora.” 

El 10 de diciembre de 1959, El Informador continuó en el seguimiento al debate que se desarrollaba en la Cámara de Diputados, nuevamente en primera plana y a dos columnas documentó: “Vigilancia en la Radio y Televisión”. 

“México, D.F.- Continuaron hoy los debates en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de Ley Federal de Radio y Televisión, habiendo intervenido acaloradamente la mayoría de los legisladores para hacer enmiendas o adiciones a los Artículos de la ley. 

Los diputados Florencio Barrera Fuentes, Antonio M. Castro, Rafael Espinosa Flores, José Concepción Carrillo, Manuel Yáñez Ruiz, y Leopoldo González Sáenz, propusieron que se adicionaran varios Artículos al proyecto, a fin de hacer más operante y justa la ley adaptarla a las necesidades culturales y sociales de este país. 

Barrera Fuentes propuso que en los estudios de secundaria que se exigen a los locutores de categoría ‘B’ para obtener el permiso profesional correspondiente, se incluyan, como equivalentes, otros estudios que se realizan, en las escuelas distintas a las señaladas; que en las estaciones de gran potencia dispongan de un mínimo de setenta y cinco por ciento de locutores categoría ‘A’, y que en el Artículo 90, donde se habla de la ‘intervención’ de los locutores en los programas, se cambie esta palabra por ‘labor’. 

Una de las modificaciones más importantes fue la relativa a las facultades que se otorgan a la Secretaría de Educación, para que determine qué propaganda comercial es o no inconveniente y se encargue de vigilar la transmisión de programas en ese aspecto. 

El licenciado José Concepción Carrillo propuso que el personal designado por Gobernación y por Comunicaciones para vigilar las instalaciones, el equipo y las transmisiones de las radiodifusoras no sea de confianza, como lo proponía el proyecto. 

Los diputados de la Comisión Dictaminadora se opusieron, pero al fin triunfó el ponente. Mucho se debatió cuando se trató de fijar la responsabilidad dde (sic) los locutores en sus transmisiones. El proyecto decía que la responsabilidad es personal de los locutores, pero se aclaró que éstos muchas veces se someten a guiones escritos y por tanto no son responsables, por lo que debe responsabilizarse también a otras personas. 

La Asociación Nacional de Locutores, en vista de que su representante el diputado y locutor Marín y Kal no está en el país, propuso por conducto de la diputada Macrina Rabadán ciertos puntos, pero se aclaró que los locutores no están sindicalizados y por tanto no pueden considerarse como representantes de los trabajadores del radio y la televisión. Se rechazaron las peticiones de los locutores. 

Por último el diputado González Sáenz logró una enmienda, para que no se soslaye con permiso provisional el funcionamiento indefinido de estaciones que no llenan los requisitos de ley. 

En el mismo espacio de seguimiento en la página dos se agrega: “Dos radiodifusoras fueron clausuradas”. 

“México, D.F., Dic. 9.- Dos radiodifusoras del Estado de Veracruz –XEVP, de Papantla y XEPR, de Poza Rica- fueron cerradas, por acuerdo de la Junta de Conciliación que declaró en rebeldía a los dueños de las mismas. 

Los propietarios de las estaciones de radio recurrieron al amparo, manifestando que sus intereses han resultado seriamente afectados, al no permitírseles trabajar en la forma en que lo venían haciendo. 

Agregaron que sus empresas fueron emplazadas por el Sindicato de Trabajadores de Radio y Similares de la República Mexicana, a fin de forzarlos a firmar un contrato colectivo de trabajo.” 



Bibliografía: 

El Informador. (1959, 8, diciembre). Aprobaron la Ley de Radio y Televisión. El Informador, portada, p.2. Disponible en http://www.hndm.unam.mx/consulta/busqueda/avanzada

El Informador. (1959, 9, diciembre). Moralización de la Televisión y Radio. El Informador, portada, p.2. Disponible en http://www.hndm.unam.mx/consulta/busqueda/avanzada

El Informador. (1959, 10, diciembre). Vigilancia en la Televisión y Radio. El Informador, portada, p.2. Disponible en http://www.hndm.unam.mx/consulta/busqueda/avanzada

Mejía, F. (1989). La Industria de la Radio y la Televisión y la Política del Estado Mexicano (1920-1960), México. 

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