Reforma laboral
Los contratos por hora, la limitación a un año de los salarios que un patrón deba pagar a un trabajador tras un juicio laboral (sin importar la duración de la resolución del juez), así como las normas que regulan el outsourcing o subcontratación son sólo algunos de los puntos más controvertidos de la recién aprobada reforma laboral en la Cámara de Diputados.
A pesar de que dichas figuras no son nuevas en el actual esquema laboral mexicano, su legislación se traduce en una clara disminución en las garantías para el alto porcentaje de trabajadores que cuentan con el respaldo de una agrupación sindical.
Bajo el argumento de que las empresas no pueden generar más empleos debido a que parte de sus recursos financieros se destinan al pago de prestaciones o "botines" sindicales, el sector empresarial pugnó desde 1988 por una reforma que permitiera generar confianza y atraer, de esa forma, la inversión extranjera.
De acuerdo con especialistas, la reforma laboral es necesaria para poner un freno a la voracidad de los sindicatos cuyos dirigentes se han enriquecido por años a costa de sus representados. Pero aquí hay que señalar que dichos sindicatos nunca se han manejado con autonomía política por lo que la disminución de su poder impacta en otros sectores.
Lo que es un hecho es que en esta medida quedan en medio los millones de trabajadores que desde hace años prestan sus servicios de manera irregular a través de los esquemas de subcontratación que el mismo gobierno generó y que no cuentan con el amparo de las mínimas garantías de seguridad social.
Y si no lo creen basta echar una mirada a las cientos de empresas que prestan sus nombres y servicios en las dependencias gubernamentales.
Así pues, nótese que el asunto de la reforma laboral es un tema complejo en el que el interés del trabajador es irrelevante comparado con los intereses económicos y políticos que están en juego.
Así pues la moneda está en el aire o mejor dicho en la Cámara de Senadores. La lucha de poderes apenas empieza.
A pesar de que dichas figuras no son nuevas en el actual esquema laboral mexicano, su legislación se traduce en una clara disminución en las garantías para el alto porcentaje de trabajadores que cuentan con el respaldo de una agrupación sindical.
Bajo el argumento de que las empresas no pueden generar más empleos debido a que parte de sus recursos financieros se destinan al pago de prestaciones o "botines" sindicales, el sector empresarial pugnó desde 1988 por una reforma que permitiera generar confianza y atraer, de esa forma, la inversión extranjera.
De acuerdo con especialistas, la reforma laboral es necesaria para poner un freno a la voracidad de los sindicatos cuyos dirigentes se han enriquecido por años a costa de sus representados. Pero aquí hay que señalar que dichos sindicatos nunca se han manejado con autonomía política por lo que la disminución de su poder impacta en otros sectores.
Lo que es un hecho es que en esta medida quedan en medio los millones de trabajadores que desde hace años prestan sus servicios de manera irregular a través de los esquemas de subcontratación que el mismo gobierno generó y que no cuentan con el amparo de las mínimas garantías de seguridad social.
Y si no lo creen basta echar una mirada a las cientos de empresas que prestan sus nombres y servicios en las dependencias gubernamentales.
Así pues, nótese que el asunto de la reforma laboral es un tema complejo en el que el interés del trabajador es irrelevante comparado con los intereses económicos y políticos que están en juego.
Así pues la moneda está en el aire o mejor dicho en la Cámara de Senadores. La lucha de poderes apenas empieza.
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